Por: Luis Triveño
La posibilidad de un incremento en la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/. 500 a S/. 800 ha generado tal discusión que incluso ha puesto en el tapete la posibilidad de establecer escalas de RMV en función del tamaño de las empresas.
Desde el punto de vista público, esta iniciativa podría entenderse como un intento de mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos y promover el consumo. Sin embargo, desde el punto de vista privado, en un contexto de incertidumbre y cuando las ventas fluctúan, esta iniciativa puede convertirse en un freno a la innovación y a las ganancias de productividad, que son las llamadas a permitir a las empresas sortear la actual crisis con éxito.
La competencia vía precios y diferenciación de productos -que se está incrementando en el mercado desde el inicio de la desaceleración económica- son reflejo de lo anterior: la pelea por los clientes se ha iniciado y los grandes beneficiados van a ser los consumidores. Una RMV más elevada restaría flexibilidad a las empresas para competir y podría incluso terminar destruyendo empleo (o creando regímenes más informales).
Un tratamiento diferenciado (menor RMV para las MYPE), por su parte, únicamente contribuiría a aumentar la brecha ya existente de derechos laborales de los trabajadores de empresas medianas y grandes frente a las MYPE. Y respecto de esto, hay que reflexionar.
Las políticas de promoción de la inversión y desarrollo productivo deberían buscar alcanzar un estándar laboral homogéneo para los ciudadanos: no deben existir peruanos o trabajadores de primera y segunda categoría.
Para ello, es indispensable atacar las causas de la gran diferencia entre la capacidad de generación de excedentes entre las MYPE y las empresas medianas y grandes. Para resolver esto, la RMV es una variable que en lugar de corregir el problema, lo puede agravar aún más.
La respuesta a esas diferencias entre las MyPE y las empresas grandes está relacionada con aquello que alguna vez se llamó "el TLC interno" que se quedó en la retórica y nunca pasó al plano de la acción.
Esas diferencias no se reducirán, primero, si no hay una entidad que se preocupe de generar una plataforma institucional para hacer negocios que las empresas actualmente no tienen en el país; segundo, de reducir las barreras que tienen las empresas para venderle al Estado (como el registro de proveedores que hay que seguir pagando anualmente para vender al principal comprador del mercado); tercero, de evitar el pago de IGV adelantado; y cuarto, de asignarle a alguna entidad la responsabilidad de ayudar a las empresas a articularse al mercado, de identificar los nichos a los que puede llegar, a unir sus esfuerzos con otras, a desarrollar sus productos, entre otros.
Fuente: Gestión - 06/04/2009
